Una nueva ronda de sanciones estadounidenses dirigidas contra el sector privado cubano deja al descubierto el objetivo final de Washington en la isla. A lo largo de 2026, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro han desplegado una serie de medidas para rodear y coartar la capacidad del Gobierno cubano de resistirse a los designios de Washington para Cuba. Por etapas, la estrategia ha avanzado progresivamente sobre (1) sectores productivos clave, como la minería y los metales, los combustibles, la logística y el comercio; (2) los canales de suministro de las fuerzas armadas; y (3) personas de interés dentro del Gobierno cubano o vinculadas a él.
Ahora, el Gobierno estadounidense traslada su atención de la diplomacia y la macroeconomía hacia el sector privado cubano y la microeconomía. La última ronda de medidas apunta principalmente a los intentos de La Habana de eludir el régimen de sanciones mediante testaferros y empresas privadas, y a impedir, a corto plazo, que los monopolios vinculados a las fuerzas armadas cubanas se diluyan en una red opaca de negocios privados y asociaciones público-privadas.
El manual Sherritt, replanteado
Este verano, el enfoque de Washington forzó exitosamente a los principales socios extranjeros de Cuba a ceder participaciones mayoritarias de sus acciones en empresas mixtas (JV) del sector minero de la isla. Entre las empresas afectadas figuran la canadiense Sherritt y la australiana Antilles Gold, titulares de importantes concesiones sobre activos cubanos de níquel, cobalto, oro, plata, cobre y antimonio.[1] Los lineamientos de esta estrategia se aplicaron por primera vez durante los acontecimientos que desembocaron en el colapso de las operaciones de níquel y cobalto de Sherritt en Cuba, en mayo de 2026.
Los efectos combinados de la E.O. 14404 y las sucesivas rondas de designaciones de estas empresas congelaron las cuentas por cobrar en sus balances, y el cobro de esas sumas se convirtió en una cuestión jurídica que únicamente el Gobierno estadounidense tiene potestad para resolver. A su vez, la situación provocó fuertes depreciaciones de mercado (o el riesgo de sufrirlas) para las empresas internacionales involucradas. Washington ofreció una sola salida a este obstáculo regulatorio: el Departamento de Estado podría «no oponerse» a que empresas alineadas con Estados Unidos adquirieran una participación mayoritaria en la parte correspondiente al socio extranjero de cualquiera de las empresas mixtas designadas en Cuba. Es decir, Marco Rubio tiene poder de veto sobre cómo y quién desaloja de la isla a los socios extranjeros del Gobierno cubano, en cualquier sector en el que Estados Unidos tenga un interés estratégico.
Este Septiembre, un manual relativamente similar se desplegó sobre otra categoría dentro de la economía cubana: se pasó de la minería, los metales, la logística y otros grandes sectores productivos de la isla a las cuentas de miles de empresarios privados y pequeñas empresas que conforman su sector privado. El 29 de septiembre, la OFAC publicó una enmienda al Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) revocando la licencia general que permitía a los bancos estadounidenses abrir y mantener cuentas «únicamente a nombre de» un empresario cubano del sector privado e independiente. La revocación no pretende prohibir cuentas nuevas y mantener las ya existentes bajo un régimen de excepción. En cambio, la revocación tiene efectos retroactivos: los bancos «sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos» necesitan ahora una licencia específica de la OFAC para «desbloquear» los fondos depositados en cuentas preexistentes.
Esta nueva revocación transforma el enfoque de la OFAC en un mecanismo de designación al por mayor, sin necesidad de identificar y sancionar individualmente a cada entidad de interés en Cuba. Así, de un plumazo, Washington vuelve a convertir las sanciones en un instrumento de vigilancia en masa.[2]
OFAC recluta a los bancos para ejecutar sus normativas a gran escala
Con la eliminación de la licencia, la responsabilidad de cartografiar la red financiera del sector privado cubano se traslada de la OFAC a los bancos que manejan cuentas de empresarios o negocios privados cubanos. Esto se debe a que cualquier banco que posea bienes (ahora bloqueados) debe notificarlos automáticamente a la OFAC, pues la revocación extiende la obligación a todas las cuentas afectadas.
Para cumplir con estas exigencias, los bancos están obligados a (1) identificar al propietario de los fondos y determinar dónde está domiciliado; (2) comunicar los números de cuenta y sus saldos; y (3) describir las transacciones relacionadas con el congelamiento. Esto implica identificar a los emisores, beneficiarios y bancos intermediarios, además de adjuntar las instrucciones de pago y las facturas.
Además, la enmienda sella determinadas brechas financieras. Los bancos estadounidenses ya no pueden procesar transacciones «indirectas» destinadas a empresas incluidas en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba del Departamento de Estado (CRL) —es decir, negocios controlados por las fuerzas armadas cubanas o que trabajan para ellas y para los servicios de seguridad— incluso cuando el banco actúa únicamente como intermediario. Del mismo modo, queda expresamente prohibido eludir las restricciones de la CRL pagando a una empresa privada cubana que luego transfiere el dinero a una de las compañías incluidas en la lista. Esto elimina la cobertura que ofrecían los testaferros y las empresas intermediarias. Además, las transacciones de tipo U-turn (transferencias en dólares entre extranjeros que involucran a Cuba) ya no pueden liquidarse a través de bancos estadounidenses cuando los fondos pasan de un banco extranjero a otro.
Dicho de otro modo, Washington está llevando a cabo una operación de transparencia de proporciones colosales, bajo sus propias condiciones, para vigilar e identificar los flujos financieros, las personas, los activos, los servicios y los bienes que entran y salen del sector privado cubano.
El objetivo final, explicado
Bajo Trump, Washington no adopta medidas unidimensionales en lo que respecta a Cuba. Las acciones contra la isla siempre persiguen más de un propósito. Por tanto, las medidas de septiembre no pueden explicarse a partir de un único propósito. Más bien, responden a varios objetivos simultáneos.
Washington ejerce un control firme sobre el destino macroeconómico de Cuba tras excluir al Gobierno cubano de la inversión extranjera, privarlo de los pocos socios que le quedan, limitar la capacidad de las fuerzas armadas para abastecerse y obligar al país a depender de Estados Unidos para obtener combustible en cuestión de meses. La eficacia de esta estrategia ya no está en discusión, y sus resultados han debilitado visiblemente la posición de La Habana. Por tanto, bloquear las finanzas del sector privado cubano constituye el siguiente paso lógico del proceso y acerca a Washington a su objetivo de provocar grandes cambios políticos y económicos en la isla. Congelar, vigilar y controlar las finanzas del opaco sector privado cubano completa una maniobra de tenaza que cerca a La Habana desde la macroeconomía y la microeconomía.
Primero, Washington quiere impedir que el Gobierno cubano se oculte detrás de su sector privado. El paquete de reformas anunciado por La Habana en junio presentó al sector privado como el vehículo de una apertura altamente controlada, ofreciendo al capital extranjero participaciones accionarias en el sector público y acceso a la banca privada. Las nuevas sanciones permitirán a Washington examinar ese proceso en detalle, dado que un empresario cubano necesita ahora una licencia específica de la OFAC para mantener una cuenta bancaria estadounidense para su negocio, y todos los bancos que mantengan una cuenta bloqueada deben informar de ello.
Segundo, Washington quiere desenmascarar el mayor número posible de testaferros y empresas pantalla. En este sentido, el bloqueo de las cuentas existentes también puede funcionar como un filtro. Quien solicite liberar una cuenta bloqueada deberá demostrar ante la OFAC quién es su propietario, lo que conduce a probar cómo es esa persona o empresa independiente del Gobierno cubano. No sería irracional pensar que las propias solicitudes puedan convertirse en fuentes de inteligencia sobre cómo los negocios argumentan su autonomía y qué patrones financieros, de comportamiento o de activos pudieran emerger. En otras palabras, cada empresario independiente legítimo defenderá su caso lo mejor que pueda, pero los testaferros y las empresas pantalla no actúan por cuenta propia, sino que responden a centros de decisión centralizados en La Habana. Luego, la repetición de instrucciones similares en cientos de solicitudes podría revelar patrones que ninguna solicitud individual permitiría detectar.
Tercero, Washington quiere anticiparse a una mutación de los monopolios cubanos sancionados en una red de empresas privadas. Los antecedentes dan motivos a Estados Unidos para esperar que grandes empresas, especialmente las vinculadas a las fuerzas armadas cubanas, reaparezcan divididas en entidades privadas más pequeñas, vaciadas de su estructura pública anterior.[3] La CRL solo abarca las empresas que menciona expresamente, por lo que, en teoría, un conglomerado dividido en cientos de pequeñas sociedades no incluidas en la lista podría eludirla. Sin embargo, la cláusula contra la evasión de las nuevas medidas cierra esa vía. Esta regla está concebida para impedir una reestructuración de conglomerados empresariales que aún no se ha producido: por muchas partes en que se dividan esos conglomerados, su dinero tendrá que terminar en algún lugar, y ahora todos esos puntos de recepción están bajo vigilancia.
Cuarto, Washington quiere desarmar a Cuba sin combatir, de ser posible. Las designaciones bajo la E.O. 14404 pasaron del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en junio, a sus empresas productivas, en agosto, y a sus institutos de investigación y diseño, en septiembre. Paralelamente, se penalizaron la minería, la siderurgia, las importaciones de combustible y la logística portuaria. El objetivo de Washington parece ser que las fuerzas armadas cubanas pierdan la capacidad de abastecerse por sí mismas. No obstante, Washington ha expresado claramente que prefiere alcanzar un acuerdo y que no desea una guerra. Aun así, si el conflicto llegara a producirse, Washington no querría otro Irán, cuyo liderazgo ha mantenido una postura beligerante durante meses. Por tanto, si alcanzar un acuerdo resultara imposible, privar ahora al ejército cubano de dinero, material y servicios reduciría posteriormente su tiempo y capacidad de resistencia.
Esta vez, La Habana no tiene recursos ni estrategia visible de respuesta. Durante décadas, el Gobierno cubano sobrevivió a las sanciones estadounidenses encontrando canales alternativos que Washington aún no había cerrado. Antes de septiembre, uno de esos últimos canales significativos disponibles eran las vías financieras del sector privado. Ahora que ese camino también está bajo la vigilancia de la OFAC, apenas quedan mecanismos para redirigir dinero. Si un Gobierno no puede mover divisas fuertes, generar ingresos ni ocultarlos de sus adversarios, no podrá entonces mantener las luces encendidas, alimentar a su población ni mantener a sus fuerzas avitualladas y armadas por mucho tiempo.
No es razonable que la dirigencia cubana pida a la población esperar el término de la Administración Trump para garantizar su propia supervivencia política. Con una contracción del PIB del 15 % respecto a niveles de 2018 y un éxodo plurianual que ha visto partir a más de 1,200,000 cubanos, el país no está en condiciones de soportar más años de escasez, apagones, enfermedades y falta de servicios públicos hasta que termine el mandato de Trump en enero de 2029. Por su parte, Washington parece indiferente a las penurias que sufre la población cubana y tampoco ha dado señales aliviar la presión sobre la isla por razones humanitarias. Incluso si Cuba lograra resistir hasta entonces, nada garantiza tampoco que la siguiente Administración, republicana o demócrata, vaya a cambiar de rumbo. Pretender lo contrario solo conducirá al colapso social.
Estado: Mecanismos de Control y Aplicación de Sanciones Estadounidenses — Nivel 3: Fase de Ejecución.
Estado: Proceso de Implementación de Reformas Cubanas — Nivel 2: Ejecución Condicionada.
Estado: Capacidad de Respuesta del Gobierno Cubano ante Políticas Estadounidenses — Nivel 1: Fase Prepolítica.
Esta nota aplica la clasificación metodológica propia del ST Monitor para interpretar acontecimientos específicos según su fase de ejecución, y el contenido anterior debe leerse a través de esa lente. Algunos planes permanecen en el nivel de (1) señalización política sin un marco operativo; otros están (2) condicionados dentro de sistemas sujetos a autorización; y otros están (3) plenamente operativos e institucionalizados:
Nivel 1 — Prepolítica (no existe un marco ejecutable)
Nivel 2 — Ejecución condicionada (existe actividad, pero está sujeta a permisos)
Nivel 3 — Fase de ejecución (el sistema es operativo e institucionalizado)
LISTA DE REFERENCIAS
[1] La importante firma comercializadora de materias primas Trafigura también se ha visto afectada por las designaciones estadounidenses de sus socios en su operación de zinc en Cuba, ubicada en Minas de Matahambre, Pinar del Río, en el occidente de la isla. Sin embargo, no se desprende de los registros públicos que Trafigura haya sido obligada, hasta ahora, a aceptar un acuerdo similar al de Sherritt o Antilles Gold para preservar su participación en la isla. Tampoco está claro que ese sea actualmente el objetivo de la empresa.
[2] Véase en general Edward Fishman, Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare (2025). Portfolio, ISBN: 9780593712979 (analizando cómo funcionarios estadounidenses utilizaron el control de las finanzas en dólares y de tecnologías críticas para imponer sanciones a Irán, Rusia y China); Henry Farrell y Abraham L. Newman, Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion, International Security, vol. 44, no. 1, 2019, pp. 42-79. Project MUSE (2019) (argumentando que los Gobiernos con jurisdicción sobre los nodos centrales de las redes económicas mundiales pueden usar un «efecto panóptico» para recopilar información de valor estratégico y un «efecto de estrangulamiento» para negar el acceso a sus adversarios, analizado a partir de los casos SWIFT y el Internet).
[3] Abundan los ejemplos de intentos del gobierno cubano de eludir las sanciones. Por ejemplo, después de que el Departamento del Tesoro sancionara a Fincimex en 2020, el procesamiento de remesas pasó a Orbit S.A., una empresa presentada como independiente, pero que, según se maneja, está dirigida por el Gobierno cubano. Tras la designación de AUSA por parte de la OFAC en junio de 2026, las operaciones de la terminal de contenedores del puerto del Mariel pasaron a Coral Marítima, designada un mes después. Otras empresas privadas, como Agencia Importadora Caribe SURL, también han sido señaladas a lo largo de los años como entidades no independientes del Gobierno cubano.
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